Para nadie es un
secreto que el sector que está teniendo un acentuado crecimiento es la minería,
por ello, existen proyectos de inversión, en este rubro, que repercuten en la
economía del país, bajo la premisa de responsabilidad.
Tenemos una cartera
de 45 proyectos, ocho son continuaciones que presentan modificaciones del
estudio ambiental esos 8 proyectos suman 5900 millones de dólares.
Existe una cartera
de 11 proyectos aprobados con EIA (Estudio de Impacto Ambiental), que suman
16,589 millones de dólares, adicionalmente hay dos proyectos que tienen dos
estudios de impacto ambiental de 51 millones de dólares.
Existen 24
proyectos de esa cartera que están en proceso de exploración, en algunos casos
se espera que en 3 o 4 años puedan estar presentando proyectos de estudio
ambiental con fines de explotación, ellos suman 20,884 millones de dólares, en
total esta cartera suman 42, 621 millones de dólares.
Entre
los que tienen su EIA aprobado y han iniciado su etapa de
construcción figura también Tantahuatay, que es un proyecto de oro y
plata, perteneciente a la compañía minera Coimolache S.A./Newmont y
Buenaventura, y está ubicado en Cajamarca. La inversión que se ha previsto es
de US$56 millones.
Está
programado, asimismo, el proyecto Marcobre (Mina Justa), ubicado en Ica, de
Marcobre S.A.C./Chariot Resources (Canadá), cuya construcción demandará una
inversión de US$744 millones; así como Minas Conga, que es un proyecto de cobre
y oro de Minera Yanacocha S.R.L./ Newmont, Buenaventura (Perú), localizado en
Cajamarca y que implicará una inversión de US$3,500 millones.
El
proyecto Pucamarca, de oro y plata, que pertenece a Minsur/Grupo Brescia y está
localizado en Tacna es otro cuya ejecución se emprende este año con una
inversión de US$90 millones.
Por
otra parte, la inversión realizada en la actividad minera en los tres primeros
meses del año y que asciende a US$1,133 millones 826,158, se ha dado en forma
descentralizada, que es lo que caracteriza el desempeño de este importante
sector de la producción nacional. Esto favorece principalmente el desarrollo de
las regiones, provincias y distritos del Perú.
Así,
el 21.41% (US$242 millones 753,317) corresponde al Cusco, el 16.79% (US$190
millones 334,282) a Cajamarca, el 12.02% (US$136 millones 332,091) se ha
efectuado en Ancash, el 10.87% (US$123 millones 214,435) en Junín y el 7.19%
(USS$81 millones 562,973) en Arequipa.
La
inversión minera se ha efectuado igualmente en otras regiones generando empleo
directo e indirecto adecuadamente remunerado, entre otros beneficios. El 6.15%
(US$69 millones 714,593) se aplicó en Pasco, el 5.24% (US$59 millones 424,866)
en La Libertad y el 4.78% (US$54 millones 170,694) en la región Lima.
En
el departamento de Puno la inversión en minería en el mencionado periodo
ascendió a US$10 millones 303,735, que representa el 0.91% del total invertido
en el país. En Amazonas ha sido por un monto de US$2 millones 635,768,
equivalente al 0.23%.
Para
un mayor conocimiento sobre la aprobación de un proyecto de estudio ambiental,
la revista Minería y Medioambiente conversó con el Director general de Asuntos
Ambientales Mineros, el Ingeniero Felipe Ramirez Delpino.
¿Qué es un Estudio de Impacto Ambiental?
Es un análisis técnico detallado, en el cual
inicialmente se define la línea base, la
que define como está el medioambiente antes de cualquier actividad minera, en
que condiciones se encuentra la flora, fauna, el agua, el suelo, los ruidos
entre otros. Luego de definir las condiciones naturales antes de ejecutar el
proyecto, se plantea las estructuras que va a contener y los impactos que
pudiera generar, planteándose las medidas de remediación necesarias.
¿Qué proyectos están aprobados
con EIA?
Si los vemos de norte a sur, en Cajamarca tenemos el
proyecto Tantahuatay que es de minera Coimolache y también el proyecto Minas
Conga que es de Yanacocha.
En La Libertad está aprobado el proyecto La Arena,
que es de la empresa La Arena S.A. En Lima se ha aprobado el proyecto Invicta
de la empresa Invicta Mining Corp. En Junín el proyecto Toromocho que es de
minera Chinalco. En Ica el proyecto Minas Justa que es de la empresa Marcobre
Sac. En Apurímac Las Bambas, que es de
Xstrata Perú. En Cusco hay dos proyectos, Antapaccay que es de Xstrata Tintaya,
y el proyecto Constancia de Hudbay
Minerals. Adermás en Moquegua el proyecto Quellaveco que es de Anglo
American y en Tacna el proyecto Pucamarca que es de Minsur S.A.
¿Cuál es la parte más
importante en la evaluación de un estudio ambiental?
La parte más importante es que la línea base estén
bien definida, porque tenemos que saber cual es el ambiente en el que se está
interviniendo, también, que los impactos sean debidamente dimensionados, para
que las medidas de mitigación aplicadas cumplan el objetivo que se persigue,
que es no generar un impacto significativo. Este estudio, por tener que ver con
el agua, aire, suelo, vegetación, vida animal, etc., es multidisciplinario, en
el participan biólogos, ingenieros en geotecnia, ingenieros civiles, ingenieros
especialistas en hidrogeología, entre otros, por otro lado, aquí se involucran
otras instituciones como el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y
otras, las que emiten opiniones sobre estos estudios ambientales.
¿Por qué demoran en dar el
visto bueno a los proyectos?
El tema ambiental es una disciplina relativamente
nueva, en nuestro país la legislación peruana para el sector minero rige a
partir del 2003, ese año se aprobó el reglamento ambiental para la minería que
es el decreto supremo 01693-EM. Los estudios ambientales que hoy evaluamos son
mucho más exigentes que hace 10 años. Hemos avanzado, tanto los evaluadores
como las propias empresas que presentan el estudio. Desde el 2009 el ministerio
ha empezado un proceso de mejora continua a efecto de reducir los plazos de
evaluación, hoy la evaluación de un estudio de impacto ambiental (EIA) está
tomando aproximadamente un año. En el proceso de participación ciudadana ya existen
90 días necesarios para cumplir con el proceso que establece la norma,
posteriormente tenemos que recibir las observaciones de los sectores y de la
población y la recopilación de todas esas observaciones también toman un
tiempo, que pueden ser de unos 30 días, con lo que ya se fueron 4 meses.
Nosotros recibimos aproximadamente 308 estudios al año, con el agravante que no
habiéndose aprobado aún términos de referencia uniformes para los estudios
ambientales detallados, todos ellos ingresan con un formato distinto, lo cual
dificulta la evaluación. Por ejemplo, si el evaluador quiere revisar la
información biológica del proyecto, tiene que leer todo el proyecto y un
estudio ambiental suele tener más de 5 mil páginas, por esa razón en la
actualización del Reglamento Ambiental Minero, estamos estableciendo términos
de referencia uniformes para todos los estudios ambientales.
¿Esto se necesita para
sistematizar la evaluación?
Sí, definir términos de referencia, un orden, una
forma de presentación y los contenidos son absolutamente necesarios para una
metodología de evaluación que sea más ágil. En este momento nosotros ya tenemos
aprobada la norma que permite que los proyectos de exploración se presenten en
forma digital, puesto que se tiene aprobados previamente los términos de
referencia para estos estudios, lo que permite asignarlos, el mismo día, a
distintos evaluadores, para que cada uno analice la disciplina que le
corresponde. Antes, para que lo reciba la Dirección de Asuntos
Ambientales Mineros tenían que pasar cerca de 4 días, porque se tenían que
escanearse, se revisaba para poder definir su admisibilidad, transcurriendo
unos 10 días más para determinar que tenga toda la información requerida,
finalmente se asignaba el estudio a un grupo de evaluadores, pero como no
estaba ordenado el documento tenía que pasar por cada evaluador o solicitar una
gran cantidad de copias para que varios especialistas lo lean al mismo tiempo.
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